Pacayacu espera que Petroecuador cumpla / Hoy, 11/02/14
- terrespromises
- 12 févr. 2014
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La justicia le ordena remediar la zona Los afectados, en rueda de prensa en Quito, dijeron que la estatal pidió una acción de protección a la Corte Constitucional. Danny Glover no conoce el barrio 28 de Abril. A Mia Farrow tampoco se la ha visto por allí. En ese rincón de la parroquia Pacayacu, ubicada al este de Lago Agrio, el petróleo -como ocurre en la misma provincia de Sucumbíos con el caso Chevron- también es sinónimo de malestar para 400 personas. Allí, en el centro del barrio 28 de Abril, se encuentra el Carabobo 6, uno de los pozos del campo Libertador, ahora inactivo. Pero desde los ochenta, cuando entró en operación, allí se produjeron “explosiones, derrames, escapes de gas, disposición de desechos de perforación y extracción de manera abusiva en el medioambiente y cercanos a los asentamientos humanos”. Lo dicho consta en un informe de Acción Ecológica, en el cual se indica, además, que en 2010 se realizó un análisis de la calidad del agua del lugar y se determinó que “el 95,6% de las muestras las aguas de consumo de 23 familias presentaba contaminación con hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAP), sustancias catalogadas científicamente como cancerígenas, teratogénicas y mutagénicas”. Por eso, la comunidad se organizó y puso una demanda a Petroecuador. La Corte Nacional de Justicia falló en favor de los demandantes en mayo de 2013. Pero Saúl Barros, presidente del Comité de Afectados por la Explotación Petrolera en Pacayacu, dice que la estatal petrolera interpuso un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional (CC) para anular el fallo de la justicia que le ordena la remediación ambiental en la zona. Así se expresó ayer, en una rueda de prensa en Quito. Además del estudio de Acción Ecológica, la huella ambiental del campo Libertador está documentada por el Informe de inspección del Ministerio del Ambiente de 2003; la Resolución de la Defensoría del Pueblo de Nueva Loja de 2004, y por el Informe de auditoría ambiental de la Contraloría General del Estado de 2005. Estos instrumentos -de acuerdo con el Comité de Afectados- determinaron la responsabilidad legal de Petroecuador en las afectaciones al agua, el aire y la salud de las 400 personas del lugar. La petrolera estatal tiene derecho, en el proceso, a pedir la acción extraordinaria a la CC. Pero los afectados sostienen en sus manifiesto que esperan “ratificar que en el Ecuador sí hay justicia, no importa si una empresa transnacional o una local, privada o pública, dañan el entorno natural”. (IFP)
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